José Luis de Miguel, catedrático de Estructuras de la Escuela de Arquitectura, coincide en que “el Windsor aguantará el tirón”, aunque precisa eso sí que la demolición será “difícil”. En lo que parece haber más unanimidad es en el modo de demolición: a mano, de arriba a abajo, con grúas y andamios y sin voladuras. Agustín Prudencio, arquitecto especialista en demoliciones de la constructora Tecsa, ha precisado que se requerirá “tiempo” para hacerlo sin alterar la estructura del edificio para evitar su derrumbe”, y los propietarios —la familia Reyzábal— han puesto por primera vez sobre la mesa una estimación concreta: unos seis meses. Además, el vicedecano del Colegio de Arquitectos de Madrid, Bernardo Ynzenga, ha cuantificado en 22 millones de euros el coste de la demolición, calculando a 600 euros por metro cuadrado —la torre tenía 36.000—.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado por su parte que será el Ayuntamiento el que tire abajo el edificio, una medida que es “irreversible” dado los daños sufridos en su estructura. Además, Gallardón ha confirmado que los técnicos municipales no podrán acceder al interior de la torre hasta el miércoles, por lo que hasta entonces no se podrá contar con un dictamen bien fundamentados sobre cómo será la demolición.
Para afrontar los gastos derivados del incendio, los propietarios del edificio —en concreto, la portavoz de la Reyzábal— han puesto en marcha ya los engranajes de un “tema delicado” que llevará “mucho tiempo”, al ponerse en contacto con la aseguradora Allianz para iniciar “todo el papeleo”. No ha querido desvelar eso sí ni la cuantía de la póliza ni su cobertura, aunque según un estudio realizado en 2003 por el Pool de Grandes Riesgos el valor de la torre es de 84,2 millones de euros.
La torre pertenece a la inmobiliaria Ason, la empresa de los Reyzábal. La filial en España de la aseguradora alemana Allianz ha confirmado tiene contratada una póliza de daños que cubre el 60% del edificio. El 40% restante corresponde a la Corporación Mapfre, que cuantifica el impacto en sus cuentas del pago de la póliza en diez millones de euros, de acuerdo con una primera evaluación trasladada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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