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Un internauta se copia música en un CD (GORKA LEJARCEGI)
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Todos los grupos, salvo el Partido Popular (PP), apoyan la propuesta de moción de los socialistas en el Senado que insta al Gobierno a "remitir a la cámara la reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) antes de un año", según el senador socialista canario Arcadio Díaz Tejera.
"El asunto es demasiado complejo e importante como para contemplar una reforma parcial de la legislación. Es todo el modelo el que está en cuestión y sorprende que al PP le entre ahora la prisa por reformar la LPI cuando tuvo la posibilidad de cambiarla mientras estaba en el Gobierno", asegura Díaz Tejera, para quien la propuesta de los populares "solventa un problema pero crea otro".
Tasa indiscriminada
Desde el PP responden que no entienden "por qué hay que esperar un año si el asunto del canon sobre los soportes digitales tiene más urgencia, entre otras cosas porque recogemos una clamorosa demanda de los ciudadanos: los CD y DVD vírgenes tienen usos distintos a los de realizar copias privadas de bienes protegidos por los derechos de autor, por ejemplo grabar fotografías o la declaración de la renta. El canon es una tasa indiscriminada que supone un grave perjuicio para ciudadanos, administración y empresas", dice Mercedes Coloma, ponente de la propuesta de Ley popular.
Salvo para los programas informáticos, la vigente LPI admite la copia privada de una obra por parte de su comprador y reconoce el derecho de su autor a ser remunerado por ello.
Este reconocimiento está en el origen del canon, un acuerdo privado entre los fabricantes y las gestoras de los derechos de autor, después de que la Justicia fallara a favor de la SGAE en la sentencia del caso Traxdata. Los jueces aplicaron por analogía una normativa pensada originalmente para las cintas de casete y vídeo.
La propuesta del PP amplia la excepción que rige sobre el software a "los equipos informáticos, las conexiones a Internet, los soportes en CD y DVD, así como cualquier otro dispositivo informático y sistemas de almacenamiento y/o reproducción digital".
Coloma es partidaria de los sistemas digitales de gestión de derechos de autor (DRM, en inglés) que permiten comercializar contenidos electrónicos impidiendo el uso fraudulento de los mismos.
La industria informática apoya estas medidas tecnológicas que rechazan las gestoras de derechos porque consideran que todavía no son suficientemente eficaces.
La SGAE teme que el PP no se haya dado cuenta del alcance de la propuesta de su grupo en el Senado y se pregunta si suprimiendo el canon pretende también "eliminar la posibilidad de que se puedan hacer copias privadas. Ambos conceptos están ligados en la LPI", asegura Pedro Farré, director de relaciones corporativas de la SGAE.
A juicio de Farré, "la copia privada seguirá existiendo porque la contempla el ordenamiento jurídico comunitario y la mayoría de legislaciones de los países de nuestro entorno. Incluso todos los partidos políticos estuvieron a su favor en el Senado excepto el PP, que se ha quedado solo".
Coloma responde: "todavía no sé la posición del partido sobre la supresión de la copia privada", aunque se muestra dispuesta a discutirlo con el resto de fuerzas políticas: "ahora es el momento adecuado para llegar a acuerdos", dice.
Sea como sea, el cambio de la Ley de Propiedad Intelectual es inminente: El Gobierno debe adaptar la directiva comunitaria sobre los derechos de autor de 2001 a la legislación española.
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