El texto del anteproyecto de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI), que prevé una modificación de la LSSI (conocida como Ley de Internet), ha cambiado. Tras un enorme revuelo, ha desaparecido del texto la introducción en la LSSI del artículo 17 bis (PDF 64 KB), y que preveía que el bloqueo de contenidos en Internet a instancia de las sociedades de gestión de derechos y sin necesidad de orden judicial.

Esta semana se hizo público parte del dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, sobre el texto de la futura LISI, en el que se criticaba duramente la introducción de dicho artículo a petición de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), de manera "tardía" y sin informar a los consumidores o al consejo asesor técnico para la sociedad de la información (Catsi).

El artículo en cuestión dejaba en manos de las sociedades de gestión de derechos de autor, como la SGAE, la capacidad de solicitar a los prestadores de servicios de Internet la retirada o el bloqueo de contenidos en la Red que ellas mismas consideraran ´ilícitos´. Por su parte, dichos prestadores estaban obligados a obedecer en el caso de no recibir respuesta de los presuntos infractores.

Varias asociaciones de usuarios alertaron de que la medida podría vulnerar la obligación del mandamiento judicial para intervenir publicaciones, en este caso contenidos en la Red.

Estaba previsto que el texto del anteproyecto de la LISI fuese enviado inmediatamente al Consejo de Ministros. No obstante, y según ha sabido el Navegante, ha sido modificado y la introducción del artículo 17 bis ha sido eliminada, por lo que es poco probable que el Gobierno pueda darle luz verde y remitirlo a las Cortes esta semana.

Desde la asociación de Internautas, su presidente, Víctor Domingo, ha comentado que su organización, junto con la AUI, van a solicitar "con urgencia" una reunión del Catsi para pedir al Gobierno información sobre el texto del anteproyecto. "Queremos saber qué texto se baraja ahora, porque no lo conocemos después de estos cambios", afirmó.

Además, también pretenden preguntar al Ejecutivo por el incumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual, debido al retraso de los ministerios de Industria y Cultura en la fijación de las cuantías del canon por copia privada sobre dispositivos digitales, que debió haberse realizado el pasado 27 de marzo.

Por último, también exigirán información sobre el informe que Red.es se comprometió a hacer hace meses, y en el que se quiere estudiar cuál es el impacto real de la copia privada en España.

La FAP y la ´realidad de Internet´

Por su parte, la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (Federación Antipiratería, o FAP) quiso aclarar que la razón de la introducción del artículo era la necesidad de "ponerse a la altura de Europa".

El director de la FAP, José Manuer Tourné, afirmó que "en toda Europa, y debido a la Directiva 2001/31/CE, los prestadores de servicios con un conocimiento razonable de que se realizan infracciones también son responsables y tienen que estar obligados a impedirlo.

"Ésto", añadió, "tiene que ser dilucidado naturalmente mediante un proceso judicial, pero lo que se pretendía era agilizar las medidas cautelares". Se trataba, según él, de que "el procedimiento se adapte a la realidad de Internet" y se acelere.

Tourné quiso puntualizar además que el artículo eliminado pretendía "combatir la actividad comercial ilícita de obras protegidas, por lo que establecía el procedimiento de notificación y retirada sólo para los sitios ´web comerciales, mientras que para los usuarios de ´software´ P2P sólo establecía la notificación como medida de concienciación, y siempre con todas las garantías judiciales".

Fuente: Pablo Romero # elmundo.es